Los efectos de la crisis financiera y económica

P7_TA-PROV(2010)0089

Los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo

Comisión de Desarrollo

PE430.840

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo (2009/2150(INI))

(Hemos suprimido la parte correspondiente en la que se cita  la documentación consultada para la elaboración del informe previo, base para la aprobación de esta resolución, con vistas a no engrosar aún más la ya de por sí larga entrada)


A. Considerando que las economías emergentes y en desarrollo crecieron solamente un 2.1% en 2009 en comparación con una tasa de crecimiento del 6.1% en 2008,

B. Considerando que se espera que el comercio mundial de mercancías caiga en un 17% en 2009, mientras que las inversiones en comercio e infraestructuras se tambalean como consecuencia de la restricción del crédito, y que los países menos desarrollados se han visto particularmente afectados por la crisis,

C. Considerando que las instituciones financieras internacionales a duras penas pueden satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, y que se enfrentarán a graves dificultades para realizar préstamos a menos que se recaude capital suplementario,

D. Considerando que los efectos de la crisis mundial en los países en desarrollo con un nivel intermedio de ingresos no deberían pasarse por alto,

E. Considerando que las lagunas en la regulación, la supervisión y el control del sector financiero y las deficiencias en los dispositivos de vigilancia y de alerta temprana vigentes, así como determinadas políticas de las instituciones financieras internacionales, han provocado y acelerado una crisis sistémica de dimensiones globales que requiere una reestructuración de los paradigmas existentes, lo que debería incluir una compensación y un reparto de las cargas a escala internacional,

F. Considerando que los paraísos fiscales ofrecen un lugar para ocultar dinero, proporcionando incentivos para socavar la buena gobernanza, particularmente en lo relativo a la fiscalidad y al Estado de Derecho; considerando que los flujos de capitales ilícitos procedentes de países en desarrollo se estiman en entre 641 000 y 941 000 millones de dólares, representando por lo tanto aproximadamente diez veces el valor de la ayuda al desarrollo global,

G. Considerando que la corrupción a escala mundial ha alcanzado ya los 50 000 millones de dólares estadounidenses según el Informe Anual 2008 de la organización Transparency International, lo que equivale a casi la mitad del volumen de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mundial y a las inversiones necesarias para lograr los objetivos en materia de agua potable y de higiene pública,

H. Considerando que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda, habiendo representado aproximadamente el 60% de los flujos de ayuda global en 2008, y que la Comisión predice que habrá un déficit de 22 000 millones de dólares en lo que respecta a los compromisos oficiales en materia de ayuda al desarrollo (AOD) en 2009,

I. Considerando que la caída de la producción de las economías avanzadas como consecuencia de la crisis mundial provocará inevitablemente una disminución del volumen de la AOD en un momento en que los países en desarrollo necesitan especialmente la ayuda exterior,

J. Considerando que prácticamente todas las promesas de la Unión Europea (99 %) se basan en compromisos ya existentes, de los cuales 8 800 millones de euros se han consignado anticipadamente, lo que implica un riesgo de que en los próximos años se destinen menos fondos a la ayuda al desarrollo,

K. Considerando que un planteamiento europeo en materia de eficacia de la ayuda podría aportar ganancias de eficacia de entre 3 000 y 6 000 millones de euros por año durante el período comprendido entre 2010 y 2015,

1. Es plenamente consciente de que en los últimos dos años se ha producido una sucesión de crisis globales (alimentaria, energética, climática, financiera, económica y social) con serias consecuencias en los países industrializados y emergentes, pero con repercusiones devastadoras sobre los grupos de población pobres de los países en desarrollo, con más de 200 millones de trabajadores expuestos a la pobreza extrema en todo el mundo y más de una sexta parte de la población mundial afectada por el hambre;

2. Destaca que la UE tiene la obligación de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los efectos de la crisis económica mundial y del cambio climático, de los que no son responsables; insta a los Estados miembros, a este respecto, a cumplir plenamente sus compromisos con los países en desarrollo en materia de ayuda oficial al desarrollo (AOD);

3. Pide el refuerzo de los compromisos con respecto a la realización de los ODM antes de 2015, y solicita una mayor acción coordinada teniendo en cuenta el estudio de 2010 sobre los ODM; invita a los Estados Miembros a mostrar el máximo apoyo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM que tendrá lugar en 2010 y a llegar a un acuerdo sobre una posición común a este respecto;

4. Pide a los Estados miembros que cumplan plenamente sus compromisos en materia de AOD, tanto a nivel bilateral como multilateral;

5. Pide a los Estados miembros que aumenten sus volúmenes de AOD para alcanzar su objetivo colectivo del 0,56 % de AOD/renta nacional bruta (RNB) para 2010 y el objetivo del 0.7% de AOD/RNB para 2015; pide además que aceleren sus esfuerzos para mejorar la eficacia de la ayuda aplicando la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra coordinando mejor sus acciones entre ellos, mejorando la previsibilidad y la sostenibilidad de los mecanismos de ayuda, acelerando el ritmo de entrega de la ayuda, prosiguiendo la desvinculación de la ayuda y aumentando la capacidad de absorción de los destinatarios de la misma; apoya la nueva iniciativa internacional para la transparencia de la ayuda, cuyo objetivo es mejorar la disponibilidad y la accesibilidad de la información sobre la ayuda, incrementando así su legitimidad y permitiendo asegurarse de que se utilice de la manera más eficaz para luchar contra la pobreza; pide a todos los Estados miembros que aún no se han sumado a esta iniciativa que lo hagan;

6. Subraya que si bien el cumplimiento de los compromisos en materia de AOD es imperativo, no es no suficiente para abordar las urgencias del desarrollo, y reitera su solicitud a la Comisión para que promueva activamente los instrumentos innovadores de financiación del desarrollo que ya existen y una identificación urgente de fuentes innovadoras adicionales para la financiación del desarrollo;

7. Observa con preocupación la reducción de la AOD en materia de salud pública, en particular con respecto a los derechos de salud sexual y reproductiva, de esencial importancia para la consecución de los ODM; destaca que disponer de una población activa sana y fuerte es una de las condiciones para el desarrollo económico;

8. Pide a la Comisión que siga impulsando la reforma de la cooperación internacional al desarrollo;

9. Subraya que la reforma en curso de la arquitectura internacional de la ayuda no debe representar un retroceso con respecto a lo que se ha logrado hasta ahora en materia de desarrollo y tampoco puede actuar como pantalla de humo para que los Estados miembros renieguen sus compromisos;

10. Considera que el mero volumen de los fondos dedicados a la ayuda al desarrollo no ofrece una base suficiente para determinar la eficacia y eficiencia de las medidas de la Unión Europea en materia de ayuda al desarrollo;

11. Considera que debe seguir dándose prioridad a la superación de la crisis económica y financiera;

12. Subraya la necesidad de seguir prestando ayuda y de adaptarla constantemente a las nuevas realidades y circunstancias;

13. Subraya que la crisis económica mundial ha requerido reforzar la cooperación al desarrollo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos;

14. Subraya que la contracción del crédito, la incertidumbre ocasionada por el ciclo depresivo y la caída del comercio, la inversión y las remesas de los emigrantes a nivel internacional son los canales por los que se ha transmitido la crisis desde los países avanzados a los países en desarrollo, y que en todos estos ámbitos es preciso que la Unión adopte iniciativas e intensifique, de manera concertada, amplia y coherente, su presencia en el escenario internacional;

15. Pide al Consejo y a la Comisión que, al supervisar sus políticas e instrumentos de cooperación al desarrollo, procuren minimizar también los efectos no deseados en las economías de los países en desarrollo, como el incremento de la dependencia de las transferencias de la ayuda al desarrollo con repercusiones negativas sobre el crecimiento, los salarios y el empleo o la aparición de estructuras de captación de rentas y de la corrupción;

16. Pide al Consejo y a la Comisión que mejoren la coordinación de la cooperación al desarrollo bilateral y multilateral, puesto que las deficiencias en este ámbito constituyen uno de los principales factores que afectan a la eficacia de la ayuda al desarrollo;

17. reconoce que las lagunas en la reglamentación, la supervisión y el control del sector financiero, así como determinadas políticas de las instituciones financieras internacionales, se han relevado ineficaces para prevenir las crisis, amplificando por el contrario sus efectos negativos; subraya que, contrariamente a lo sucedido en los países desarrollados, tales condiciones han reducido considerablemente la capacidad de los países en desarrollo para reaccionar ante la ralentización económica mediante la adopción de medidas fiscales de estímulo;

18. Subraya que debe darse una respuesta global a la crisis económica y financiera, que ninguna institución financiera, ningún segmento del mercado ni ninguna jurisdicción debe estar exenta de regulación o supervisión y que la transparencia y la responsabilidad de todas las partes deben constituir el fundamento de una nueva gobernanza financiera mundial;

19. Acoge, por una parte, con satisfacción la mejora de las facilidades de empréstito para los países con renta baja proporcionadas por las IFI con un nivel más alto de gasto en favor de los pobres y un énfasis en el gasto destinado a la reducción de la pobreza y en favor del crecimiento en los países en desarrollo; expresa, sin embargo, su gran preocupación por el riesgo y la amenaza de aumento del endeudamiento de los países en desarrollo y de una nueva crisis de la viabilidad de la deuda; pide a los gobiernos reformas urgentes de las instituciones financieras internacionales;

20. Invita a la Comisión a estudiar la aplicación de la propuesta del Banco Mundial relativa a un fondo para los más vulnerables destinado a financiar la seguridad alimentaria, la protección social y el desarrollo humano;

21. Pide a los líderes del G-20 que actúen, sin demora, en relación con el compromiso contraído en la cumbre de septiembre de 2009 en Pittsburgh para reformar la arquitectura global en materia de desarrollo y, en este marco, para ceder por lo menos el 5% de las cuotas del FMI a las economías emergentes y en desarrollo y por lo menos el 3% de las cuotas con derecho de voto del Banco Mundial a los países en desarrollo y en transición;

22. Subraya la necesidad de una reforma de la gobernanza económica mundial que garantice una mejor representación de los países en desarrollo en los foros de toma de decisiones; propone a estos efectos que se amplíe el G-20 para incluir al menos a un representante de los países en desarrollo, concretamente de los países menos desarrollados, que podría ser el presidente en ejercicio del G-77;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la promoción y la protección del trabajo digno, así como a la lucha contra las discriminaciones de género y el trabajo infantil, en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, cuya función debe intensificarse;

24. Subraya la necesidad de pasar a un sistema internacional de gobernanza que proteja a las personas y los países más vulnerables, especialmente aquellos que han resultado más perjudicados por la crisis y cuyas redes de seguridad son ineficaces o inexistentes;

25. Observa que los miembros del FMI han aprobado una asignación de 250 000 millones de dólares de derechos especiales de giro (DEG) y que solamente 18 000 millones de dólares de DEG irán a los países en desarrollo; insta a los Estados miembros y a la comunidad internacional a explorar la propuesta de Soros de que los países ricos asignen sus DEG a un fondo para bienes públicos globales, tales como la lucha contra el cambio climático y la erradicación de la pobreza;

26. Pide al Consejo y a la Comisión que adopten medidas para lograr el incremento de la financiación para las instituciones financieras internacionales acordado en la Cumbre del G20;

27. Solicita al Consejo y a la Comisión que preconicen una reforma ambiciosa del FMI;

28. Propugna reforzar la cooperación macroeconómica en el seno del G20, fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas y reformar las instituciones financieras internacionales para responder concertadamente a la crisis y a sus efectos en los países en desarrollo;

29. Lamenta que el sector financiero todavía no haya comprendido plenamente las consecuencias de esta crisis sin precedente, a pesar de haberse beneficiado de enormes ayudas estatales; acoge con satisfacción, a ese respecto, el compromiso de los líderes del G-20 en la cumbre de septiembre de 2009 en Pittsburgh de asegurar que el sector financiero compense los costes de la crisis soportados hasta ahora por los contribuyentes, los demás ciudadanos y los servicios públicos tanto en las economías avanzadas como en los países en desarrollo;

30. Cree firmemente que gravar el sistema bancario supondría una contribución justa del sector financiero a la justicia social mundial; pide igualmente que se aplique una tasa internacional sobre las transacciones financieras para hacer más equitativo el sistema fiscal global y generar recursos adicionales para financiar el desarrollo y los bienes públicos globales, incluyendo la adaptación de los países en desarrollo al cambio climático y a sus efectos y la mitigación de los mismos;

31. Insta a la Comisión a presentar una comunicación sobre el modo en que una tasa sobre las transacciones financieras internacionales puede contribuir, entre otras finalidades, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la corrección de los desequilibrios globales y la promoción del desarrollo sostenible en el mundo;

32. Defiende que el informe que el Fondo Monetario Internacional prepara para la próxima reunión del G20 sobre la contribución del sistema financiero a las cargas asociadas a las intervenciones de los diferentes gobiernos contemple todas las cargas directas e indirectas ocasionadas en las finanzas públicas y, en particular, su impacto en los presupuestos de los países en desarrollo.

33. Observa con gran preocupación que se espera que los países en desarrollo se enfrenten a un déficit financiero de 315 000 millones de dólares en 2010 y que las crecientes dificultades fiscales en los países más vulnerables amenazan 11 600 millones de dólares de gastos de base en educación, salud, infraestructuras y protección social; considera adecuado, por lo tanto, explorar las posibilidades de celebrar un acuerdo con los países acreedores para conceder una moratoria temporal o una condonación de la deuda a los países más pobres para permitirles aplicar políticas fiscales anticíclicas con el objeto de atenuar los severos efectos de la crisis; propone que se haga un esfuerzo para conseguir acuerdos destinados a un arbitraje transparente sobre la deuda;

34. Acoge con satisfacción las iniciativas de algunos Estados miembros para la aplicación de tasas voluntarias sobre las emisiones del transporte aéreo y marítimo para contribuir a la financiación de los costes de la mitigación y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, y pide a todos los Estados miembros que consideren la introducción de tasas similares;

35. Pide a los Estados miembros y a la Comisión, conforme a su resolución de 21 de octubre de 2009, que se pongan de acuerdo, en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, para destinar al menos el 25 % de los ingresos generados en la subasta de derechos de emisión de carbono a la ayuda a los países en desarrollo, utilizando la inversión pública, para permitirles hacer frente al cambio climático eficazmente;

36. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea que respalden todas las medidas que permitan combatir el cambio climático, cuyas principales víctimas son los países en desarrollo, y que, en este contexto, impulsen la transferencia de tecnología adecuada;

37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen más atención a la relación existente entre la crisis medioambiental y la crisis de desarrollo, y les insta a convertir el desarrollo ecológico y el «crecimiento verde» en prioridades estratégicas para la UE; insta a la UE a que destine fondos adicionales a sus compromisos de lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, teniendo también en cuenta el creciente número de refugiados medioambientales;

38. Aplaude el compromiso del Consejo Europeo, manifestado en octubre de 2009, de que la consecución de los ODM no se vea comprometida debido a la lucha contra el cambio climático; insta al Consejo a llegar cuanto antes a un acuerdo, en el marco de las conclusiones de la Cumbre de Copenhague y los compromisos del G20, sobre unos compromisos financieros firmes que permitan que los países en desarrollo hagan frente a unas condiciones climatológicas cada vez peores y garanticen que la ayuda necesaria como consecuencia de la crisis económica no origine un nuevo sobreendeudamiento externo;

39. Subraya la importancia crucial de las remesas de los migrantes en cuanto flujos de capitales destinados directamente a las poblaciones beneficiarias en los países en desarrollo que pueden emplearlos rápidamente para cubrir necesidades apremiantes; pide a los Estados miembros y a los países beneficiarios que faciliten la entrega de remesas y que trabajen con vistas a la reducción de sus costes;

40. Acoge con satisfacción el compromiso de los líderes del G-8 en la cumbre de julio de 2009 celebrada en L’Aquila (Italia) de reducir el coste de las transferencias de remesas del 10% al 5% en 5 años; considera que una mayor competencia en el mercado y un marco reglamentario más amplio son medidas esenciales para reducir los costes vinculados a las transacciones de remesas, acelerando al mismo tiempo la adopción de nuevas tecnologías y promoviendo la inclusión financiera de los pobres en los países en desarrollo;

41. Apoya la creación de iniciativas público-públicas y público-privadas conjuntas para el desarrollo, basadas en un liderazgo público con el apoyo de donantes privados y en línea con las prioridades de los países socios, como medio para aumentar la inversión directa responsable y sostenible en los países en desarrollo y para facilitar la transferencia de tecnología;

42. Recuerda el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades locales y de la cooperación descentralizada en la gestión de las consecuencias de la crisis económica y los procesos de desarrollo; pide en consecuencia a la Comisión que haga de la descentralización un sector de concentración financiera de la ayuda europea en los países en desarrollo;

43. Acoge con satisfacción la aprobación del «Mecanismo FLEX de Vulnerabilidad» para ayudar a los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) a hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis, e insta a que se desembolsen rápidamente los fondos; reafirma su preocupación por el modo en que la Comisión piensa colmar el déficit de financiación que aparecerá en los próximos años como consecuencia de la actual distribución anticipada de apoyo presupuestario;

44. Considera que el comercio es el principal motor del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza en los países en desarrollo, y pide a la UE y a los Estados miembros que utilicen su influencia internacional para conseguir una conclusión acertada, justa y orientada al desarrollo de la Ronda de Doha y que el desarrollo siga ocupando un lugar central en las negociaciones de la Ronda, aumentando al mismo tiempo el énfasis en favor de los pobres de la política de ayuda para el comercio de la UE;

45. Subraya que, conforme al artículo 208 del TFUE, la Unión Europea debe procurar que sus políticas en materia de comercio, seguridad, migración, agricultura y otros ámbitos funcionen de manera coherente a fin de, por una parte, beneficiar a los países en desarrollo y, por otra, promover un sistema financiero y comercial internacional equitativo y favorable al desarrollo;

46. Recuerda que el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), establecido en los Tratados de la UE, es un concepto clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); insta a la UE, en consecuencia, a desarrollar una política comercial coherente y acorde con la consecución de los ODM; pide la elaboración de mecanismos legales sólidos para que se puedan exigir a la UE responsabilidades en relación con sus compromisos con la coherencia política;

47. Pide una mayor coherencia en la ayuda al desarrollo y otras políticas de la UE; observa que la comercialización de productos agrícolas subvencionados por la UE, por ejemplo, puede ser contraria a la creación de mercados robustos para los productos de los agricultores locales pobres y, así, puede anular los esfuerzos realizados en proyectos que tienen por objeto el refuerzo de la agricultura local;

48. Está convencido de que una conclusión equilibrada, justa y orientada al desarrollo de la Ronda de Doha acelerará la recuperación económica tras la crisis y podría ayudar a la mitigación de la pobreza en los países en desarrollo, a la creación de puestos de trabajo de buena calidad y a la reducción de los precios al consumo; manifiesta, por tanto, su honda preocupación por la falta de avances en las negociaciones de la Ronda de Doha;

49. Señala que para alcanzar más estabilidad financiera y un mejor funcionamiento del sistema comercial mundial en el marco de la OMC, debe avanzarse hacia un nuevo sistema monetario y financiero internacional basado en reglas multilaterales que contemplen los problemas específicos de los países en desarrollo y se encuadre en el seno de las Naciones Unidas;

50. Recuerda que la estrategia de asistencia al comercio tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo y a los menos desarrollados a negociar, aplicar y sacar provecho de los acuerdos comerciales, a ampliar el comercio y a acelerar la eliminación de la pobreza; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren el cumplimiento de los compromisos del objetivo global de la UE de 2 000 millones de euros al año en 2010; solicita a la Comisión que presente información y cifras detalladas sobre las líneas presupuestarias utilizadas para la financiación de la asistencia vinculada al comercio y la ayuda comercial (además de la línea presupuestaria 20 02 03) y sobre toda la financiación de la ayuda comercial a cargo del presupuesto de la UE;

51. Reafirma que los Acuerdos Económicos de Asociación (AEA) deben diseñarse como una herramienta en favor del desarrollo y no sólo como un instrumento comercial internacional; insta a la Comisión a trabajar con vistas a una conclusión rápida de las negociaciones, teniendo en cuenta las distintas formas en que las disposiciones de los AEA pueden afectar la capacidad de los países en desarrollo para hacer frente a la crisis;

52. Toma nota de que el descenso significativo de los ingresos procedentes de la exportación en muchos de los países en desarrollo, y particularmente en los menos desarrollados, ha reducido el crecimiento y el desarrollo en el Sur; pide a la Comisión que, cuando negocie y aplique acuerdos comerciales, en especial los acuerdos de asociación económica, refuerce la coherencia de la política de desarrollo de la UE y, entre otros, el fomento del trabajo digno, la riqueza y la creación de empleo, y garantice una asimetría adecuada y períodos de transición en los compromisos comerciales, así como el respeto de las prioridades de cada país y la consulta pertinente a los actores clave y a la sociedad civil;

53. Considera que los países en desarrollo, que dependen especialmente de la financiación de la cooperación al desarrollo y están orientados en gran medida a la exportación, son los que más han sufrido hasta ahora los efectos negativos de la crisis, puesto que los flujos financieros Norte-Sur son cada vez menores y los mercados interiores de muchos países en desarrollo son demasiado débiles para compensar la caída de las exportaciones;

54. Solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de la dependencia de la exportación que presentan los países ACP y su compatibilidad con los objetivos de desarrollo recogidos en los documentos de estrategia por país;

55. Toma nota del acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), un mecanismo establecido por 22 países en desarrollo para reducir los aranceles y otras barreras a la exportación de mercancías entre ellos en un intento de estimular el comercio Sur-Sur y de hacer sea más independiente de las turbulencias comerciales mundiales.

56. Considera que el proteccionismo no es una buena respuesta a la crisis, y pide nuevamente a la Unión Europea que desempeñe su papel esforzándose en reducir las barreras comerciales y las subvenciones, entre ellas las de la propia Unión, que contribuyen a distorsionar el mercado y que tanto daño han causado a los países en desarrollo;

57. Considera que la política de desarrollo de la UE debería respetar tanto los intereses de la UE como los de los países en desarrollo y señala que la apertura recíproca de los mercados, que no debería realizarse a expensas de la estabilidad económica de los países en desarrollo, requiere marcos reglamentarios y de supervisión equivalentes; solicita a la Comisión, al Consejo y al Banco Europeo de Inversiones que conviertan la concesión de microcréditos a las PYME y a los pequeños agricultores en una prioridad en la cooperación para el desarrollo y, por consiguiente, impulsen unas estructuras económicas regionales sostenibles;

58. Pide a la Comisión que garantice la adopción de medidas destinadas a alcanzar sus objetivos de desarrollo a largo plazo, preparándose al mismo tiempo para prestar una asistencia humanitaria sostenida en el punto de la crisis en el que los países en desarrollo se verán especialmente afectados;

59. Pone de manifiesto que la dimensión, profundidad y complejidad de la crisis financiera reflejan la desconexión entre la evolución de las finanzas y la economía real, la existencia de crecientes desequilibrios globales y el agravamiento de los problemas ambientales en el planeta cuya corrección es precisa para situar el sistema económico en una senda de desarrollo sostenible global;

60. Expresa su gran preocupación por que el impacto negativo de los paraísos fiscales puede constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico en los países pobres, usurpando la soberanía de otros países, dañando la eficiencia de los mercados financieros y de la asignación de recursos, socavando los sistemas fiscales nacionales y aumentando los costes de la fiscalidad, creando incentivos para la delincuencia económica, y perjudicando la renta privada, la buena gobernanza y el crecimiento económico, impidiendo con ello que los países en desarrollo inviertan en servicios públicos, educación, seguridad social y bienestar humano;

61. Destaca que los paraísos fiscales y los centros financieros extraterritoriales incentivan las estrategias de elusión fiscal (por ejemplo, mediante precios de transferencia erróneos), la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales; subraya, en particular, que el fraude fiscal en los países en desarrollo conlleva una pérdida anual de ingresos fiscales equivalente al importe de la ayuda al desarrollo inyectada por los países desarrollados multiplicado por diez; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a hacer de la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales de los países en desarrollo una de sus prioridades absolutas; reitera, en este contexto, su convencimiento de que el intercambio automático de información debe ampliarse a una escala global y aplicarse dentro de un marco multilateral;

62. Observa que existen en el mundo docenas de paraísos fiscales a los que recurren incluso algunas empresas establecidas en la OCDE para no tener que pagar impuestos a los países en desarrollo en los que realizan actividades lucrativas, o a sus países de origen; pide a la Comisión que informe con respecto a cómo puede ampliarse el intercambio automático de información a una escala global y cómo pueden aplicarse sanciones a paraísos fiscales que no cooperen y a sus usuarios, y sobre la manera de conseguir que, por norma, las empresas transnacionales en la UE deban informar país por país acerca de los ingresos y los impuestos abonados;

63. Reconoce que los acuerdos de intercambio de información fiscal no acaban con las estructuras perjudiciales de los sistemas fiscales aislados ni con la ausencia de registros públicos ni tampoco imponen la presentación de cuentas, la auditoría o la conservación de registros; acoge con satisfacción los esfuerzos del G-20 y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) por tomar medidas contra los paraísos fiscales, pero observa y lamenta que los criterios establecidos, los acuerdos de intercambio de información fiscal y los procedimientos existentes no sean suficientes para abordar el problema de los paraísos fiscales y de los flujos financieros ilícitos; pide a la OCDE, al G-20 y la Unión Europea que adopten criterios más rigurosos para la identificación de los paraísos fiscales y que trabajen con vistas a un acuerdo multilateral de intercambio automático de información fiscal vinculante internacionalmente que prevea contramedidas en caso de incumplimiento;

64. Pide a la UE, a sus Estados miembros y a las instituciones financieras internacionales que ayuden a los países en desarrollo a aumentar su componente de ingresos y que apoyen el desarrollo de capacidades en el ámbito fiscal;

65. Observa que la mitad de todos los flujos financieros ilícitos fuera de los países en desarrollo está relacionada con la manipulación de los precios comerciales, y reitera su llamamiento en favor de un nuevo acuerdo financiero global vinculante que obligue a las sociedades transnacionales, incluidas sus diferentes filiales, a revelar automáticamente los beneficios obtenidos y los impuestos abonados sobre una base país por país a fin de asegurar la transparencia de las ventas, los beneficios y los impuestos en cada jurisdicción en que estén implantadas;

66. Invita a la Comisión a promover activamente la responsabilidad social y ambiental de las empresas (RSE) para permitir un control efectivo de los efectos sociales y ambientales y en términos de respeto de los derechos humanos de las actividades de las empresas transnacionales y de sus filiales en los países en desarrollo;

67. Observa con preocupación que un mayor deterioro del bienestar económico de los países en desarrollo podría conllevar niveles inaceptablemente elevados de desempleo y un incremento de la migración económica; añade que este tipo de flujos migratorios podría generar una fuga de cerebros de los países en desarrollo y perjudicar su crecimiento económico futuro;

68. Toma nota de la necesidad de lograr mejoras reales en los sistemas bancarios de los países en desarrollo, en tanto que medida concreta para garantizar las inversiones y el desarrollo y el crecimiento del sector financiero, las remesas de los emigrantes y otros intercambios comerciales y de otro tipo pertinente, al servicio de la cohesión social y de la estabilidad política y económica;

69. Acoge con satisfacción la Iniciativa para la recuperación de activos robados (StAR) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Banco Mundial para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la corrupción, las actividades delictivas y la evasión fiscal, y pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

70. Hace hincapié en la importancia de respaldar a los países en desarrollo para que se doten de unas capacidades efectivas que les permitan reforzar, en su propio interés, la lucha contra la corrupción, y potenciar el Estado de Derecho, así como la buena gobernanza y la transparencia de sus finanzas públicas, con objeto de mejorar la previsibilidad, la ejecución y el control presupuestarios; subraya la importancia de la supervisión parlamentaria de las finanzas públicas; insiste en la necesidad de mejorar las normas internacionales de contabilidad para evitar las prácticas de elusión y evasión fiscal, exigiendo también a las empresas transnacionales que elaboren informes financieros país por país;

71. Acoge con satisfacción la aplicación por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) de su política existente con respecto a los centros financieros offshore; pide a la UE, a los Estados miembros y al BEI que adopten un papel de vanguardia en la lucha contra los paraísos fiscales, estableciendo normas sobre contratación pública y gasto de fondos públicos que prohíban a cualquier sociedad, banco o institución registrados en un paraíso fiscal beneficiarse de fondos públicos; pide al BEI que examine, en el marco de sus directrices reforzadas, la necesidad de que las empresas y los intermediarios financieros informen sobre sus actividades país por país;

72. Observa que el BEI se ha esforzado por asegurarse de que sus garantías e inversiones no se tramitan a través de paraísos fiscales; pide al BEI que adopte las medidas adicionales que sean necesarias para garantizar que esto tampoco se produzca de forma indirecta; pide al BEI que informe acerca de la aplicación de su política sobre centros financieros extraterritoriales; pide al BEI que preste especial atención al establecer las condiciones o los criterios de condicionalidad para que sean coherentes con los objetivos de las políticas de la UE y con el concepto de «trabajo digno» de la OIT, a fin de maximizar la ayuda, la inclusión en el mercado de las empresas locales y el apoyo a la lucha contra la corrupción; considera que el BEI debería orientar su política de contratación de personal de manera que favorezca los conocimientos especializados en materia de desarrollo y medio ambiente;

73. Reconoce que la actual revisión intermedia sobre la actividad crediticia exterior del BEI y los acuerdos de cooperación, que concluirá en 2010 y en la que el Parlamento Europeo actúa como colegislador, es una oportunidad importante para aumentar el papel del BEI en la cooperación al desarrollo con el fin prioritario de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015. Así, debe concederse prioridad a los proyectos que se centran en la reducción de la pobreza;

74. Lamenta la tendencia a la disminución de las inversiones en la agricultura en los países en desarrollo desde los años ochenta, e insta a la Comisión a que considere la seguridad alimentaria como una prioridad de la política de desarrollo de la Unión Europea y, en consecuencia, refuerce el apoyo a la agricultura, especialmente la alimentaria, y al desarrollo rural;

75. Opina que uno de los principales obstáculos al desarrollo económico en los países en desarrollo es el acceso limitado de los empresarios potenciales a los préstamos y los microcréditos; subraya, además, que en la mayor parte de los casos no se dispone de garantías de crédito; pide por consiguiente a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que desarrollen masivamente los programas de acceso al crédito y al microcrédito;

76. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden medidas que faciliten el acceso al crédito para los países en desarrollo, incluida una significativa capitalización de bancos multilaterales de desarrollo, y la creación de un marco que permita la concesión de licencias a diferentes proveedores de servicios financieros para cubrir las necesidades de la población local;

77. Pide a la Comisión que tenga plenamente en cuenta las recomendaciones expuestas en el presente informe cuando elabore la propuesta de decisión sobre el mandato en materia crediticia del BEI en el exterior tras la revisión intermedia;

78. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las organizaciones de las Naciones Unidas, al FMI y al Banco Mundial, así como a aquellos Gobernadores del FMI y del Banco Mundial que procedan de los Estados miembros de la UE, y a los países del G-20.

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