¿Están en peligro las pensiones públicas? (III)

¿Están en peligro las pensiones públicas? (I)

¿Están en peligro las pensiones públicas? (II)

Extraído del libro de:

Vicenç Navarro

Juan Torres López

Alberto Garzón Espinosa

Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días. Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías.

Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados. Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces.

Parte III:

¿Qué se quiere decir cuando se habla de

crisis” de las pensiones públicas?

¿Por qué se habla de crisis del sistema público de pensiones?

Como hemos señalado, los sistemas modernos de pensiones se consolidaron en la fase de expansión posterior a la segunda guerra mundial, en la época que se ha llamado la “época dorada del capitalismo”.

Durante esta época, hubo un pacto social entre el mundo del trabajo, por un lado, y el mundo del capital por el otro. En este pacto, los trabajadores y sus sindicatos aceptaron el derecho a la propiedad por parte de los empresarios a condición de que estos aceptaran la expansión de los derechos laborales y sociales del mundo del trabajo y de las clases populares. Fue durante este periodo cuando en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado se establecieron y desarrollaron sus estados del bienestar, incluyendo sus sistemas de protección social. En los años setenta, sin embargo, el mundo empresarial se rebeló y rompió el Pacto Social, y bajo la dirección del Presidente Reagan en EEUU y la Sra. Thatcher en la Gran Bretaña, se comenzaron a aplicar una serie de políticas públicas, llamadas neoliberales, que redujeron tales derechos laborales y sociales, privatizando la Seguridad Social .

Para justificar la menor transferencia de los estados a los sistemas de pensiones públicas se comenzaron a difundir tesis catastrofistas afirmando que sería imposible financiarlos, que entrarían en una crisis inevitable y que, en consecuencia, sería más conveniente sustituirlos por otros sistemas privados.

¿Quiénes difundieron esas ideas y qué proponían exactamente?

Inicialmente se propuso directamente la privatización de los sistemas públicos de reparto y su sustitución por otros de capitalización. Así se hizo en las primeras experiencias neoliberales que se dieron en dictaduras como la chilena de Pinochet (quien, por cierto privatizó todas las pensiones menos las de la policía y del ejército). Pero pronto se pudo de manifiesto que eran muy inestables, poco eficaces y muy costosos.

¿Qué consecuencias tenía este tipo de reforma radical?

El sistema de pensiones privado pasaba a ser gestionado por el sistema financiero (es decir, de los bancos) que tenía como objetivo aumentar los ingresos y beneficios del capital financiero, a costa de los intereses de la ciudadanía, incluyendo aquella que dependía de sus pensiones privadas. De esa forma se dinamitaba también el régimen tradicional que había gobernado el sistema de pensiones prácticamente en todos los países. Sustituir el sistema de reparto por otro de capitalización llevaba consigo echar por tierra el contenido redistribuidor y solidario que hasta entonces había estado implícito en la existencia de pensiones. Sustituir la gestión pública de los fondos por la privada implicaba también renunciar a gestionar el ahorro de los trabajadores mediante criterios políticos, lo que podía permitir no dar cuentas a la población de su utilización y evitar ser censurados en caso de que ésta no responda a las preferenciales ciudadanas.

En el sistema de capitalización, el criterio era la rentabilidad de las empresas financieras, independientemente del beneficio que ello supusiese al pensionista. En la Gran Recesión que hemos estado experimentando hemos podido ver como las compañías de pensiones privadas (incluyendo los bancos) han antepuesto sus intereses a las de sus usuarios, práctica generalizada y que adquiere dimensiones dramáticas en situaciones de crisis como la actual. El aseguramiento privado es, además de altamente arriesgado, sesgado a favor del banco y en contra del beneficiario.

¿Qué dificultades conlleva poner en marcha la privatización de las pensiones?

En el sistema de reparto las generaciones que trabajan financian las pensiones de los que no trabajan. Pero en el sistema de capitalización, no hay tal transferencia intergeneracional. Entonces, la pregunta que debe hacerse es quién paga las pensiones de aquellos que se están jubilando y se estarán jubilando durante varios años. La respuesta es, el Estado. Pero ello significa unos costes enormes, unos costes de transición muy elevados, tanto desde el punto de vista puramente económico como administrativo. Por otro, se trata de un proceso muy difícilmente asumible socialmente, que necesariamente

abriría un debate social tanto más amplio en la medida en que la propuesta fuese más radical. Y las debilidades intrínsecas a ese debate son muy grandes debido a que no hay en modo alguno razones definitivas para probar la conveniencia de la propuesta.

Además, cualquier proceso hacia la privatización de las pensiones es contemplado socialmente como una pérdida de beneficios, lo que obliga a darle una suficiente cobertura de legitimación que garantice el convencimiento y la aceptación. Pero experiencias como la chilena mostraban que eso iba a ser muy difícil porque sus costes sociales eran muy evidentes, el número de personas que se quedaban sin pensión o que perdían sus derechos era muy alto y eso advertía de los riesgos de todo tipo que habría que correr si la opción se aplicaba sin más en otros países. Eso llevó a que los organismos internacionales, la patronal y los gobiernos neoliberales optaran por una estrategia menos radical y más disimulada.

¿Cuál fue la propuesta inicial de reforma del Banco Mundial?

La propuesta que realizó el Banco Mundial (1994) consistía en establecer dos pilares básicos: uno de pensión mínima para “aliviar la pobreza en la ancianidad” gestionado por el sector público y otro de gestión privada basado en la capitalización.

¿Qué proponía en España la patronal?

Prácticamente lo mismo:

– Nivel básico o mínimo predominantemente público, aunque no exclusivamente.

– Segundo nivel, profesional, con predominio de la iniciativa privada compatibilizada con la presencia de instituciones públicas.

– Nivel complementario, libre e individual, exclusivamente gestionado por el sector privado.

¿Y cómo se llevó a cabo este proceso?

Una modificación de esta naturaleza era menos problemática que la radical pero también era dificultosa porque debilitaba inevitablemente un sistema que la población apreciaba y había hecho suyo.

Para poner en marcha la estrategia se avanzó en dos direcciones:

a) Justificar la necesidad de sustituir progresivamente el sistema de pensiones públicas y para ello nada mejor que tratar de demostrar su inviabilidad financiera a medio

plazo. Eso dio lugar a una ingente producción académica de trabajos e investigaciones financiada en su inmensa mayoría por bancos e instituciones financieras y dirigida a mostrar que el sistema de pensiones públicas estaría en quiebra en unas pocas decenas de años y que, por lo tanto, había que reformarlo y sustituirlo por otro diferente.

b) Aplicar reformas parciales que, por un lado, fuesen menguando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, que fuesen fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada.

¿Qué medidas y reformas parciales se han ido adoptando con la excusa de la inviabilidad futura del sistema público de pensiones?

Las medidas propuestas incluyen:

– Reducción progresiva de las prestaciones del sistema público.

– Modificación de los sistemas de cálculo, aumentando los años necesarios para acceder a las prestaciones y los tenidos en cuenta para calcular el montante de las pensiones.

– Aumento de la edad de jubilación.

– Adopción de mecanismos de indiciación que limitaran la posibilidad de mejora sustancial de las pensiones recibidas.

– Apoyo fiscal muy generoso a los fondos de pensiones privados.

¿Qué consecuencias han tenido todas estas reformas?

Al disponer de menos fondos, al disminuir sus cuantías y al ser más favorable el ahorro privado, los ciudadanos han percibido que efectivamente había una “crisis” del sistema de pensiones públicas y han tratado de destinar una parte de sus ahorros (quienes han podido hacerlo) a fondos privados que es, en definitiva, lo que iban buscando los bancos y las entidades financieras como explicaremos más adelante.

¿Cuál es la situación en España? ¿Qué es el Pacto deToledo?

El llamado Pacto de Toledo se presentó en 1995 en España como la fórmula que podría permitir evitar que el debate de las pensiones quedara sometido a las idas y venidas de la coyuntura política, planteándose como una “cuestión de Estado”. Posiblemente, fue el resultado de que ninguna de las partes implicadas estaba en condiciones de imponer su alternativa: optar claramente y sin fisuras por un sistema público basado en el principio de solidaridad como deseaban las izquierdas o por uno de capitalización o de predominante gestión privada como pedían sectores próximos a la Banca.

¿Qué aspectos positivos incluye el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo contiene propuestas que pueden considerarse muy positivas desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema público:

– el acuerdo para que las pensiones no contributivas pasen a ser financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,

– los compromisos de mantenimiento del poder adquisitivo, la creación de un fondo de reserva y el compromiso por aumentarlo, y

– los compromisos de adopción de medidas orientadas a ampliar las prestaciones y el alcance del sistema en algunos ámbitos como la conciliación laboral, la inmigración, situaciones de dependencia y discapacitados, entre otros.

¿Y qué aspectos negativos conlleva?

El Pacto de Toledo admitía la posibilidad y conveniencia de los sistemas complementarios privados e incluso la de los seguros de dependencia igualmente privados, lo que ha resultado en una expansión de estos sectores. También acentúa el principio de contribución a costa del principio de solidaridad, diluyendo el compromiso con la universalización de los beneficios. Además establece una desconexión entre la situación financiera de la Seguridad Social y el tipo de políticas económicas que se aplican y que marcan la posibilidad de alcanzar unos u otros ritmos de crecimiento.

¿Protege entonces el Pacto de Toledo el sistema público de pensiones?

El Pacto de Toledo constituye una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas pero ni en su letra ni en su desarrollo se encuentran medidas que lo apuntalen definitivamente.

Por eso es muy importante que los defensores del sistema público fortalezcan constantemente sus posiciones en la negociación que se pueda ir realizando al respecto, sobre todo, combatiendo las informaciones inadecuadas e interesadas que a veces se difunden para confundir a la población, haciéndole creer que su desmantelamiento y sustitución por la iniciativa privada es más conveniente y favorable para todos, cuando en realidad eso solo beneficia a las entidades financieras y a las clases adineradas.

¿Es inevitable entonces ir hacia la privatización del sistema público de pensiones?

En este documento mostraremos que el interés en cambiar el sistema de pensiones público por uno privado no responde a necesidades reales y técnicas sino más bien a las necesidades económicas de los bancos y otras entidades financieras que harían un negocio muy lucrativo si ese cambio se llevara a cabo. Además, veremos que el deterioro del sistema de pensiones públicas conlleva igualmente el deterioro de las condiciones de vida de la población y, especialmente, de aquellas personas en peor situación económica.

Por tanto, no se puede considerar que la privatización completa o progresiva del sistema de pensiones públicas sea inevitable, como nada lo es en la historia de los seres humanos. Mientras que las clases populares y sus representantes políticos y sindicales tengan el poder suficiente, podrán evitar que los grandes grupos financieros lleven a cabo unos cambios que solo se dirigen a que ellos puedan apropiarse más cómodamente de los recursos sociales.

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2 Comments

  1. El cambio se viene, es un movimiento mundial que maneja el capitalismo. Es importante que los trabajadores estén conscientes de esta situación y que mediante la lucha, se inhiba o se posterguen estos cambios.

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