El PSOE impone el internamiento de 60 días en la reforma de la Ley de Extranjería

El Gobierno ha conseguido que su propuesta de aumentar a dos meses la reclusión en los Centros de Internamiento de Extranjeros se mantenga, pese a la presión de grupos contrarios a los CIE y por los derechos humanos.
Diego Sanz Paratcha / Redacción
Viernes 27 de noviembre de 2009.  Número 114

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MATILDE FERNÁNDEZ La senadora del PSOE defendió la idea de que los dos meses de encierro en el CIE por estancia irregular suponen una “garantía” para los internos.

Al final no pudo ser. La presentación de enmiendas en el Senado a la nueva Ley de Extranjería era la última esperanza para que una de sus medidas más polémicas, el aumento de 40 a 60 días del plazo de encierro en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), quedara fuera del proyecto de reforma de la Ley.

Un sólo voto, el que otorga mayoría absoluta al PSOE en el Senado, permitirá que una simple falta administrativa equiparable a una multa de tráfico pueda ser castigada con dos meses de privación de libertad en los CIE, centros definidos por grupos de juristas y activistas contrarios a su existencia como “agujeros negros del Estado de Derecho”.

La senadora Matilde Fernández fue la encargada de defender este aspecto de la reforma de la Ley de Extranjería. La antigua ministra de Asuntos Sociales y miembro del ala izquierda del PSOE se refirió al aumento del encierro como “una garantía” que permitirá “resolver un problema”, en referencia a las dificultades que encuentra el Ministerio de Interior para poder expulsar a las personas que cumplen el plazo de internamiento en el CIE sin que se les haya asignado un vuelo de repatriación.

La ex ministra continuó sus argumentos el 12 de noviembre en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado. “Yo estoy garantizando más seguridad ciudadana, más calidad de vida y más seguridad a la persona, a la que le dejo el mensaje claro de que si viene de forma regular su permanencia en el país tendrá muchísimas más posibilidades que si viene de forma irregular y vive condenado a estar entrando y saliendo de los CIE cada equis días”.

Al cierre de esta edición, la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Extranjería estaba prevista para el 26 de noviembre. Desde el grupo Inmigración y Sistema Penal, muy activo en la labor de información y asesoramiento a los grupos parlamentarios más sensibles a las críticas, se hacía un llamamiento para continuar con el envío de correos electrónicos a los diputados. “Explicarles (algunos todavía no lo saben) qué es lo que están votando. Para expresar indignación, perplejidad, tristeza, para que quienes voten a favor se sientan avergonzados…”, invitaban en un llamamiento que no ocultaba la indignación ante el empecinamiento del PSOE por hacer pasar en solitario esta parte del proyecto de ley.

“La punta del iceberg”
Dos días antes de la votación en el Senado se presentaba el informe Para quien quiera oír: Voces desde y contra el CIE de Aluche. Ante preguntas de la prensa por la inminente votación en el Senado, Cristina Martín, miembro de la red Ferrocarril Clandestino, echaba por tierra los argumentos como el de la senadora socialista: “Sólo al 16% de las personas se les llega a ejecutar la orden de expulsión. Esto se debe a la falta de acuerdos con otros países, no al tiempo de internamiento en el CIE”.

“El CIE no es solamente el CIE, sino el miedo a entrar en él”, continuaba Martín, una de las activistas que ha preparado el informe, en el que también han participado SOS Racismo y Médicos del Mundo, “el CIE es un fantasma del miedo que tienen estas personas, es la punta del iceberg de un sistema inhumano y erróneo de control de las fronteras”.

En 2008, toda la estructura jurídica y policial dirigida al control interno de fronteras logró expulsar a apenas 10.000 personas, según datos del Ministerio del Interior. Pese a que la cifra supone un aumento del 12% con respecto al año anterior, resulta irrisoria comparada con los recursos destinados a controles policiales y al posible desgaste político que supone para el Gobierno la propuesta de aumentar el internamiento.

Su impacto cuantitativo en la reducción de personas sin regularizar resulta escaso tanto si se tiene en cuenta el medio millón de irregulares que estima públicamente el Gobierno como si se toman de referencia los datos del Barómetro Social de España, que apuntan a la existencia de un millón y medio de ‘sin papeles’.

La poca operatividad del sistema de expulsiones ha abierto un debate dentro del movimiento migrante sobre la verdadera naturaleza de las medidas que se pondrán en marcha y que se reforzarán con la próxima Ley de Extranjería. En el encuentro europeo contra los CIE celebrado en Málaga se puso en marcha una propuesta de campaña estatal para reforzar las denuncias y luchas locales contra unas medidas que, si bien no tienen un impacto significativo sobre los flujos migratorios, sí están creando las condiciones para una mayor exclusión social (ver artículo en la página siguiente).

Actualmente existen en territorio español diez Centros de Internamiento de Extranjeros, además de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior prevé la construcción de un nuevo centro de internamiento de 200 plazas en Zaragoza.


40 testimonios directos contra el CIE de Aluche

 

El CIE de Aluche (Madrid) ha vuelto a ser cuestionado por un nuevo informe. La red Ferrocarril Clandestino, junto con SOS Racismo Madrid y Médicos del Mundo Madrid, presentó Para quien quiera oír: voces desde y contra el CIE de Aluche. El documento recoge 40 testimonios de personas internas, recogidos a lo largo de casi dos años de trabajo a pie de calle. Detalles como los seis teléfonos disponibles para casi 300 internos, la imposibilidad de salir de las celdas para ir al baño entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, la ausencia de intérpretes o la posibilidad de denunciar los problemas sólo ante el director y el jefe de seguridad del centro, dan una idea de cómo es la vida cotidiana de este centro, de carácter penitenciario según estas organizaciones. El documento, de 190 páginas y descargable en www.transfronterizo. net, también recoge casos de abuso de poder como la existencia de celdas de castigo o el uso arbitrario de la calefacción y el régimen de salidas al patio como formas de presión a los internos, e incluso denuncias concretas de torturas físicas y maltrato psicológico. El informe pide “el cierre inmediato y definitivo” de todos los CIE del Estado español y exige la apertura de una investigación exhaustiva mediante la que se depuren responsabilidades, con el posible cese de la Dirección del centro.


El calvario de Eduardo Medina

 

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha hecho eco de la denuncia de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga sobre el caso del boliviano Eduardo Medina, que fue interno del CIE de Capuchinos (Málaga) pese a encontrarse con serios problemas de salud mental. El Defensor del Pueblo considera que existe una relación entre la muerte de Medina en diciembre de 2008 por inanición en Santa Cruz (Bolivia) y su expulsión de España después de haber estado internado en Capuchinos. La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga sacó a la luz en diciembre de 2008 el intento de suicidio de Medina, que trató de ahorcarse en el patio de Capuchinos el 25 de septiembre. Tan sólo dos semanas después era expulsado a Bolivia. “Debido a su estado de salud tan precario, la expulsión no debió haberse materializado hasta comprobarse y cerciorarse de una mejoría”, ha dictaminado el Defensor. Múgica señala que, “como consecuencia del impacto de la repatriación en su delicado estado psíquico […], falleció el 4 de diciembre” de 2008.

Diagonal nº 114

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